El texto, aprobado por el Consejo de Ministros, establece que los usuarios de telefonía pueden rescindir el contrato en cualquier momento y que deben ser indemnizados si se interrumpe el servicio o su calidad no es la prometida. También se ocupa del servicio universal, incluyendo en éste a la telefonía fija, el acceso a Internet, la existencia de una guía telefónica universal, de un servicio de información telefónica y de una oferta "razonable" de cabinas telefónicas. Y determina que se elegirá al futuro prestador de servicio universal (que hasta diciembre de 2007 es Telefónica) a través de una consulta pública entre las operadoras.

Fuente P&C