Nota de opinión publicada por Rubén Levenberg Bloggers Report
Un juez estadounidense impidió que el gobierno obligue a Google a entregar información confidencial. Los riesgos.
El ignoto juez federal de Distrito James Ware ordenó a Google que entregue al departamento de Justicia de los Estados Unidos un listado de 50.000 páginas de Internet para una investigación cuyo objetivo declarado es combatir la pornografía infantil, objetivo loable si los hay. La noticia pasó casi desapercibida, tal vez porque no alcanzó ribetes de escándalo ni fue necesaria la intervención de las Naciones Unidas, pero para quienes alguna vez han leído el “1984” de George Orwell tal vez sea más sencillo comprender su importancia. Sobre todo si colocan la contrastan con la investigación que la Justicia está haciendo acerca de la presunta venta de los datos de los argentinos contenidos en la base de datos de la ANSES para su uso en instituciones privadas.
El caso de Google y el juez Ware admite dos enfoques. Por un lado, el magistrado negó al gobierno de George Bush el derecho a pedir –como había reclamado- que los propietarios del buscador de Internet entregaran también una base de datos con las páginas que la gente busca en su site, por considerar que afectaría la privacidad de las personas. Peor había sido un pedido anterior del gobierno, que quería tener en su poder las búsquedas de toda una semana.
Tanto Google como todo aquel que se sienta del lado de los que defienden las libertades individuales y sociales celebraron –aunque sin demasiado ruido- la decisión del juez Ware. La pregunta que cualquier ciudadano con buena memoria puede hacerse ahora es quién nos asegura que la decisión del magistrado será respetada. ¿Hay alguna garantía? Tal vez tantas como tenemos los ciudadanos que llenamos los formularios de la ANSES confiados en que la información será reservada para las actividades que el Estado debe realizar. Posiblemente las mismas que tenemos quienes sacamos una tarjeta de crédito y suponemos que los datos del formulario inicial no serán entregados a nadie para dibujar perfiles de consumidor o para llamarnos por teléfono –o enviarnos un e-mail- con la intención de vendernos algo. O, peor aún, para impedirnos obtener un crédito, bloquearnos el acceso al empleo o extorsionarnos por razones de la más diversa índole. ¿Qué pasaría si una empresa que quiere discriminar a sus potenciales empleados por razones de raza, elección sexual, religión u orígenes sociales o culturales le comprara o robara datos a uno de los buscadores o a un ISP? O, también: ¿Qué pasaría si una empresa quiere los datos de otra para liquidarla o comprarla de manera hostil y consigue la información de manera non sancta? Las preguntas pueden sonar a paranoia, pero bastaría con ver algunas tendencias para verificar que el manejo de datos es cada vez más online, cada vez se usa menos el papel y cada vez la información se almacena menos en la computadora del usuario, para pasar a reservorios comunes. Los buscadores de Google y Microsoft en el desktop, los archivos de empresas y organismos públicos y hasta algunos clientes de e-mail como el Windows Live Mail Desktop, que Microsoft piensa lanzar con su próxima versión de Windows para reemplazar al Outlook Express, contemplan el uso de los reservorios virtuales. Todo un avance, y todo un riesgo.
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